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Corrupción y sector privado, blancos de Xi Jinping para consolidarse en China
Corrupción y sector privado, blancos de Xi Jinping para consolidarse en China
Primero fueron los altos rangos del partido y ahora el sector privado. La campaña contra la corrupción de Xi Jinping se extiende mientras el presidente chino trata de consolidar su poder con un tercer mandato inédito.
La sesión anual de la Asamblea Popular Nacional (el parlamento chino) supuso el pistoletazo de salida a la campaña de Xi para asegurarse durante al menos cinco años más el mando del país más poblado del mundo.
"El periodo que se abre se parece a una campaña electoral para el presidente Xi: las investigaciones por corrupción y los juegos de poder ya han empezado", asegura el politólogo Willy Lam, de la Universidad China de Hong Kong.
A finales de 2022, Xi Jinping debe recibir un tercero mandato como secretario general en el XX Congreso Quinquenal del Partido Comunista de China (PCC). Después, a principios de 2023, iniciaría un nuevo mandato, también de cinco años, como jefe de Estado.
En el congreso de 2017, su "pensamiento" se incluyó en los documentos fundacionales del partido.
Meses después, se modificó la Constitución para suprimir el límite de dos mandatos. En teoría, Xi Jinping puede presidir la República Popular de por vida.
Pero detrás de la aparente unidad del régimen comunista, entre bambalinas surgen las disputas que el presidente busca sofocar para asentar su poder.
- Los príncipes rojos -
Tras su llegada al poder a finales de 2012, más de un millón y medio de cargos del partido fueron sancionados en una enorme campaña anticorrupción, según cifras oficiales.
Esta campaña, considerada por muchos como una estrategia de deshacerse de la oposición y los rivales, se extiende ahora al sector privado, aunque este sea la fuente del milagro económico del país en los últimos 40 años.
"Las investigaciones y las sanciones se concentrarán en la expansión desordenada del capital en el origen de la corrupción", advirtió a principios de año Zhao Leji, jefe de los servicios de inspección del PCC.
"Cortaremos el vínculo entre poder y capital", amenazó este próximo al presidente.
En su mira está la casta de los "príncipes rojos", los herederos de los fundadores del régimen comunista que se enriquecieron con la reforma económica y mantienen participaciones en numerosas empresas.
"Los grandes grupos respaldados por los viejos rangos del Partido o los príncipes rojos que no están de acuerdo con Xi son ahora el objetivo", dice Willy Lam.
"Algunos le reprochan haber restablecido un culto a la personalidad parecido al de Mao y de haber modificado las reglas del traspaso de poder", comenta.
- La tecnología en la mira -
Todo ello va acompañado de medidas para controlar las empresas de los sectores tecnológico, inmobiliario y financiero.
El magnate chino más famoso, Jack Ma, lo ha sufrido en carne propia tras criticar públicamente a finales de 2020 los reguladores financieros. Antes niño mimado de los medios de comunicación, el fundador del gigante del comercio en línea Alibaba desapareció casi completamente de la esfera pública.
Ejemplo de los vínculos entre el Partido y los negocios, el número uno del partido en Hangzhou (este), sede de Alibaba, fue detenido a principios de año porque una filial de la empresa invirtió en sociedades pertenecientes a su hermano.
Una revista de Cambridge señaló que las empresas en las que un miembro del Consejo de Administración estudió con algún miembro del Buró Político del PCC (el órgano de 25 miembros que dirige China) reciben de media un 16% más de subvenciones que otras empresas.
El régimen justifica esa intervención y el control de los multimillonarios por la necesidad de reducir la desigualdad en nombre de la "prosperidad común", una consigna lanzada en 2021.
El 20% de los chinos más ricos disponen en promedio de una renta diez veces superior a la del 20% de los chinos más pobres, según datos oficiales publicados en 2021.
El control del sector tecnológico tiene un costo económico: el valor bursátil del sector tecnológico perdió 1 billón de dólares el año pasado.
"Entre los grupos acomodados, mucha gente tiene pasaporte extranjero y marcharán si la presión es demasiado fuerte", prevé Victor Shih, de la Universidad de California en San Diego.
L. Andersson--BTZ
