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Cuatro policías inculpados por muerte de afroestadounidense Breonna Taylor / Foto: © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archivos
Cuatro policías inculpados por muerte de afroestadounidense Breonna Taylor
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inculpó el jueves a cuatro policías por su papel en la muerte hace dos años de la joven afroestadounidense Breonna Taylor, convertida en un ícono del movimiento antirracista Black Lives Matter.
Merrick Garland, secretario de Justicia y fiscal general estadounidense, dijo que los oficiales enfrentan cargos federales por delitos contra los derechos civiles, conspiración ilegal, declaraciones falsas, uso inconstitucional de la fuerza y obstrucción.
"Alegamos que estos delitos resultaron en la muerte de Taylor", concluyó Garland.
La muerte de Breonna Taylor y de George Floyd, un hombre afroestadounidense de 46 años asesinado por un policía blanco en Minneapolis en mayo de 2020, desataron una ola de protestas masivas en Estados Unidos y otras partes del mundo contra la injusticia racial y la brutalidad policial.
Taylor, de 26 años, y su novio, Kenneth Walker, estaban durmiendo en su apartamento en la ciudad de Louisville, Kentucky, cuando alrededor de la medianoche del 13 de marzo de 2020 escucharon un ruido en la puerta.
Walker, creyendo que se trataba de un robo, disparó su arma e hirió a un oficial de policía.
Los agentes, que habían obtenido una orden de ingreso como parte de una investigación de tráfico de drogas contra el exnovio de Taylor, respondieron con más de 30 disparos e hirieron de muerte a la joven.
Garland dijo que tres de los policías -Joshua Jaynes, de 45 años, Kyle Meany, de 35 y Kelly Goodlett-, estuvieron involucrados en la falsificación de una orden de allanamiento.
Se les acusa de violar los derechos de Taylor al solicitar una orden judicial para registrar su casa cuando sabían que carecían de causa probable.
"Los acusados sabían que la declaración jurada en apoyo a esa orden contenía información falsa y engañosa y que omitía información importante", explicó Garland.
Agregó que los oficiales supuestamente también "tomaron medidas para encubrir su conducta ilegal después de matar a Taylor" y mintieron al FBI.
- "Gran paso hacia la justicia" -
El cuarto oficial de policía, Brett Hankison, fue acusado de uso de fuerza excesiva al abrir fuego salvajemente durante la redada en la que murió Taylor.
Hankison, de 46 años, fue absuelto en marzo de este año de cargos estatales por sus acciones durante la redada en el apartamento de Taylor.
Los agentes tenían una orden conocida como "no knock", que les autorizaba a derribar la puerta sin previo aviso. Aseguran que aún así anunciaron su presencia. El novio de Taylor, Walker, lo niega.
Dos de los oficiales involucrados fueron despedidos, pero Hankison fue el único que enfrentó cargos estatales, que no se relacionaban con la muerte de Taylor sino con "poner en peligro sin sentido" a los residentes de los apartamentos vecinos.
Ben Crump, abogado de derechos civiles que representó a la familia de Taylor, se mostró conforme con los cargos federales presentados contra los oficiales.
"Hoy fue un gran paso hacia la justicia", señaló en una declaración.
Crump dijo que espera que esto "envíe un mensaje a todos los demás oficiales involucrados de que es hora de dejar de encubrir y aceptar la responsabilidad de su papel en causar la muerte de una joven negra hermosa e inocente".
"Gracias a Breonna Taylor podemos decir que este es un día en que las mujeres negras vieron justicia igualitaria en los Estados Unidos de América", afirmó el abogado durante una conferencia de prensa con familiares.
La ciudad de Louisville, la más grande de Kentucky, resolvió una demanda por homicidio culposo con la familia de Taylor por 12 millones de dólares en septiembre de 2020.
El Departamento de Justicia dijo que la violación de los derechos constitucionales de una persona conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua cuando resulta en la muerte o implica un intento de matar.
La obstrucción conlleva una sentencia máxima de 20 años, mientras que la conspiración y las declaraciones falsas se castigan con hasta cinco años de prisión.
O. Joergensen--BTZ
